El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado que conforman el gobierno de la nación. Su función consiste en administrar justicia, de manera gratuita, para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley.
El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria otorgada por la Constitución y por la Ley Núm. 46-97, del 18 de febrero de 1997, modificada por la Ley núm. 194-04, del 28 de julio de 2004. El presupuesto del Poder Judicial, conjuntamente con el Ministerio Público, será de por lo menos un 4.10% de los ingresos internos incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se distribuye de la manera siguiente: un 65% del 4.10 corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un 35% corresponderá al Ministerio Público.
Garantizar derechos resolviendo conflictos de manera oportuna y eficiente, a través de una administración de justicia que favorece la convivencia pacífica, en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho.
Una justicia oportuna, inclusiva, accesible y confiable, garante de la dignidad y los derechos de las personas, reconocida por la integridad y compromiso institucional de sus servidores y servidoras.
- Transparencia.
- Independencia.
- Imparcialidad.
- Accesibilidad.
- Credibilidad.
